En los últimos meses se ha escrito corrido sobre el aporte solidario por única vez a las 9.000 o 12.000 fortunas más grandes de Argentina. La fundamentación del gobierno sobre la iniciativa parlamentaria ha tenido varias aristas que resultan por lo menos engañosas en tanto como son presentadas, mientras que la hipocresía en la oposición ha sido moneda corriente con una serie de fundamentos que tan solo suenan lamentables.
En este sentido, nos interesa desentrañar una serie de explicaciones para desmitificar tanto los argumentos de la oposición como también los del gobierno.
El papel de la derecha y su histórica hipocresía
Son variadas las explicaciones en boca de empresarios como de sus representantes políticos para rechazar el aporte solidario por única vez a las grandes fortunas del país.
Algo por cierto que no es novedoso ya que los grandes empresarios como así la mentalidad forjada en identidad de quienes los representan en la cámara alta y baja del Parlamento, defienden en forma acérrima y expresan los intereses de esta burguesía empresarial que nació vieja, sin vigor para desarrollar la economía del país, y que termina asociada a los grandes capitales monopólicos extranjeros, justificando así el “esfuerzo” de este empresariado que reviste un carácter marcadamente parasitario y rentista.
Este es un viejo debate que no solo recorre a parte de la izquierda, sino incluso al peronismo en términos históricos, que intenta “domesticar” a la oligarquía y generar o potenciar una burguesía pujante, algo que, por cierto, el kirchnerismo ha renunciado hace un tiempo y en su lugar, postula al Estado como el debe llevar adelante ciertas tareas que la burguesía nacional evidentemente no hace.
“Podemos decir que las burguesías nacionales de los países atrasados representan un enano al lado de dos gigantes, que son los que realmente están en lucha; por un lado, el imperialismo, y por el otro, el ascenso revolucionario de las masas populares.
El resultado final de todo esto es que las burguesías de los países atrasados no pueden otorgar al pueblo ni siquiera las instituciones, por cierto, modestas, de la democracia burguesa. De aquí la aparición de los grupos de presión, incluso, aunque el término sea discutible desde el punto de vista de la ciencia política, grupos de poder.” Silvio Frondizi La Burguesía Argentina 1964
Pero vayamos a los hechos y dichos actuales: Luciano Laspina del PRO cuestionó el proyecto ya que consagra una “lógica de pegarles un tiro en los pies de los empresarios que tienen que empujar el carro en la salida de la pandemia” y sigue diciendo, “Es confiscatorio porque hay una absorción por parte del Estado de una parte sustancial de la renta o la propiedad” o “la emergencia no habilita a violentar a la Constitución Nacional”.
El bloque de Juntos por el Cambio advirtió que se trata de un «impuesto confiscatorio» que obstaculizará las inversiones empresarias.
Por su lado, Mario Negri sentenció que «Nosotros somos el país más intoxicado en impuestos al sector privado en la región.” O en boca de Ivan Sasovsky que “es un impuesto ideológico, y nada bueno puede surgir de ahí”. El otrora aliado del kirchnerismo en la UIA (De Mendiguren) manifestó que “Gravar los mismos bienes afectados a la producción yo no lo comparto, porque se está pagando tres veces por algo que hoy es un patrimonio nacional: los instrumentos productivos de la Argentina hoy todos los necesitamos para poder exportar más”.
En realidad, podemos encontrar muchísimas declaraciones de diferentes empresarios y representantes políticos que alegan resistencia al impuesto, forjando la idea de que dañan la inversión.
El Foro de Convergencia Empresarial (FCE) expresó que el solo hecho de debatir la idea es un “dislate”, y sentenció que: “Sorprende que, en un momento en que se necesita promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino, la Cámara de Diputados impulse un proyecto de ley que, a todas luces, generará un efecto inverso, y que, cuando es necesario que todos usemos nuestra energía hacia un mismo objetivo, se introduzca una discusión que vuelve a dividir a los argentinos”.
Los argumentos van de un lado a otro: “violación a los principios de seguridad jurídica, certeza e interdicción de la arbitrariedad”, que se produce “afectación de las garantías constitucionales de igualdad y razonabilidad”, o que se origina una “violación de la garantía de la no confiscatoriedad de los tributos”. Todos argumentos que mantienen relación directa con la preservación de la propiedad privada de los medios de producción, que evidencia no solo su carácter reaccionario sino que queda de manifiesto el hábito de los de arriba, de ganar sobre los sectores populares, la gran propiedad burguesa sobre los interés de las grandes mayorías.
Incluso en las últimas declaraciones de algunos empresarios, y habiéndose sancionado el aporte solidario, pretenden dividir las “pérdidas” con los trabajadores. En realidad, lo que podemos esperar de los grandes patronos es una mayor ofensiva en 2021, junto al propio presupuesto mandado por el gobierno de Fernández y Fernández al Parlamento que así lo expresa.
Esta escandalosa posición revela el verdadero carácter de la clase capitalista parasitaria. En medio de una pandemia y de una profunda recesión económica, con millones de familias sufriendo la pobreza, ¡una pequeña minoría de los ultra-ricos siente “ansiedad” por ser gravados con un pequeño porcentaje de su enorme riqueza! Seguramente, los intereses de la mayoría, la protección de las vidas y los medios de vida de los ciudadanos deberían tener prioridad sobre los derechos de propiedad de una pequeña minoría privilegiada que ha acumulado una enorme cantidad de riqueza a costa del trabajo de los trabajadores, así como de los juegos de azar financieros, la especulación monetaria, etc.
Los grandes burgueses evaden el impuesto – el caso de Francia y Uruguay
Se ha visto en diferentes ocasiones que los gobiernos y Estados capitalistas han optado por el uso de gravar impuestos sobre las grandes fortunas, en última instancia el Estado es el Estado de los empresarios y banqueros, de los grandes terratenientes y si se llega a este tipo de medidas en épocas extraordinarias de crisis, como la actual, es para rescatar de una u otra manera a los capitalistas y su orden de dominación. De todas formas, los empresarios en general intentan que la crisis la paguen los de abajo. Salvo sectores un tanto más lúcidos que el resto, como es el grupo de 83 super millonarios que, para salvar su propio sistema, solicitó que “Nuestros gobiernos tienen que subir los impuestos a gente como nosotros. Inmediatamente. Sustancialmente. Y que sea permanente”. Pero la mayoría toma la opción de hierro: que el endeudamiento de los Estados lo paguen los pobres, los ancianos, la juventud, en definitiva, los de abajo.
Un caso ejemplificativo de la evasión de los impuestos que muchas veces los Estados aplican a los empresarios es el caso de Francia en 2012, cuando el gobierno de Hollande trató de aplicar un tipo impositivo del 75% sobre las ganancias de más de un millón de euros. El empresario Bernard Arnault, dueño del mayor imperio de lujo del planeta, pidió la nacionalidad belga para escapar del régimen impositivo del gobierno socialista de François Hollande. Esto muestra los diferentes caminos que tienen los empresarios para evadir si así lo quisieran el gravamen a sus fortunas. Como también es el caso del ex CEO de L’Oréal, Lindsay Owen-Jones, que se instaló en Suiza. Los países vecinos de Francia recibieron en los últimos meses de 2012, numerosas solicitudes de residencia. Llegando a unos 2000 franceses oficialmente instalados en Bélgica. Finalmente, en 2015, Hollande abolió el impuesto.
En la actualidad, es Uruguay quien se ofrece como país para recibir a millonarios y empresas. En lo que va de 2020 unas 200 empresas argentinas en tan solo 15 días, solicitaron radicarse en el país vecino, la mayoría de ellas tecnológicas.
Las declaraciones de Luis Lacalle Pou, Presidente de Uruguay, anticipó que planea flexibilizar regulaciones para atraer a empresarios argentinos, con la intención de que lleven su dinero al país vecino y que se muden.
También se encuentra el caso de Mercado Libre con su CEO Marcos Galperin que mantiene su domicilio en Montevideo. Y así el suelo uruguayo muestra las bondades de su sistema tributario, ya que ofrece laeximición de impuestos durante 5 añosa las empresas que se radiquen en Uruguay.
Con estos ejemplos vemos que los empresarios tienen un sin número de recursos para evadir impuestos, gravámenes sobre las grandes fortunas, etc. Además de las amenazas de un amplio arco empresarial -antes y después de la sanción parlamentaria del Aporte Solidario-, de apelar a la justicia para impugnar tal gravamen sobre sus fortunas. Se apresta así un nuevo capítulo.
El Aporte Solidario como taparrabos del recorte del presupuesto 2021 acordado con el fondo monetario internacional
Sin siquiera darle un tratamiento adecuado, el presupuesto 2021 pasó como un trámite rápido por las dos cámaras. En términos generales, podemos hablar de un presupuesto de ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional; la única especulación que tiene el gobierno es una mayor demanda de granos por parte de China, sobre todo de soja y maíz. El pronóstico de un crecimiento de 5 puntos porcentuales en la economía, choca con los pronósticos y perspectivas de la OMC, no sólo para la región sino para Argentina que vaticina un impacto para el país de -5 puntos porcentuales. Si hablamos del crecimiento industrial, mientras el Ministro de Economía Martín Guzmán habla de un crecimiento del conjunto de la industria, el encuentro de la UIA pronostica sólo un crecimiento de la metalmecánica.
En 2020, el BCRA emitió cerca de 2 billones de pesos para asistir al Tesoro (7% del PBI), que tendrá un déficit primario récord. A pesar de que el Banco Central absorbió vía LELIQs y pases a pasivos buena parte de esta expansión, otra porción del exceso de pesos se volcó al mercado cambiario oficial y paralelo. En respuesta, la brecha se disparó, superando 100% durante varias semanas, y las Reservas netas perforaron los USD 4.500 millones.
Las jubilaciones y pensiones, representan más de la mitad del gasto primario. En este contexto, la nueva fórmula de movilidad del Poder Ejecutivo plantea un ajuste. Esto supone un ahorro de 1% del PBI comparado con un régimen de actualizaciones discrecionales que siguieran a la inflación, tal como pasó este año con el haber mínimo.
Por su lado, el gobierno anunció que habría ajustes de tarifas a comienzos del próximo año. En este sentido, los subsidios económicos alcanzan 2,5% del PBI este año, tras más de dieciocho meses de congelamiento tarifario que había iniciado el macrismo en su último período de gobierno.
El otro lado del ajuste es en empleados públicos que cerrarían las paritarias a la baja. Se suma la eliminación del IFE [Ingreso Familiar de Emergencia] y al ATP [Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción], los principales programas que lanzó el gobierno para contener a los sectores populares que quedaron sin trabajo, producto de la crisis económica potenciada por la pandemia del COVID-19.
Sin embargo, el partido se juega en los primeros meses del próximo año. El esquema de vacunación que haría que lo peor de la cuarentena quede atrás -la eliminación del IFE y del ATP- la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, queda en debate la eliminación o reducción de otros subsidios económicos. Los incrementos o actualizaciones de tarifas continuarán estrujando al bolsillo de los de abajo y generará inflación sacando posibilidad de compra. Martín Guzmán sabe que debe avanzar en cada una de estas pautas para que el déficit se ubique por debajo de -4% del PBI, un número sólido en un exitoso entendimiento con el FMI y minimizando las necesidades de financiamiento vía emisión.
Aunque el Aporte solidario cuenta con el apoyo de la base electoral del gobierno de Fernández entre los trabajadores y los pobres, que tienen un sano instinto antiimperialista, en estas condiciones, queda claro que la aprobación del mismo era en parte para distraer la atención de las bases kirchneristas acerca de las negociaciones con el FMI.
El impuesto se debatió en el Congreso el 17 de noviembre, coincidiendo con el Día del Militante peronista (que marcó el regreso de Perón a la Argentina en 1972), y se celebró con grandes manifestaciones en la calle. Por supuesto, los trabajadores y los pobres de Argentina estarían entusiasmados con la idea de hacer que los ricos paguen por la crisis y los gastos de COVID-19. El problema es que ese no es el objetivo del impuesto ni el destino de los fondos recaudados.
La ley que introdujo el nuevo impuesto por única vez sobre el patrimonio no sólo se ocupó de los detalles reales del impuesto, sino que también incluyó la asignación del dinero recaudado. Aquí yace una importante falla de este impuesto. Mientras que un porcentaje de los ingresos del impuesto se destinará a los gastos médicos de COVID-19 (20%), a los gastos sociales en los barrios pobres (15%) y a las becas de enseñanza superior y de formación profesional PROGRESAR (20%), una parte importante se destinará a las subvenciones a las empresas afectadas por COVID-19 (20%) y a las subvenciones a la compañía de gas YPF para la exploración del fracking (25%). Los subsidios indirectos a YPF son significativos, ya que se trata de una empresa privada en la que el Estado tiene una participación mayoritaria, pero en la que los accionistas privados tienen un control del 49%. Esto significa, en efecto, que el Estado inyecta dinero en la empresa, el 49% del cual beneficiará a los inversores privados. En total, alrededor del 45% del dinero recaudado por este nuevo impuesto sobre la riqueza volverá a los bolsillos de los capitalistas de una manera u otra.
El uso del parlamento por el bloque de tribunos revolucionarios
Nuestra posición es conocida desde el punto de vista de no rechazar la participación parlamentaria. De todas formas, el parlamento es un ámbito enrarecido para los intereses de la clase obrera, además de contar con cientos de vericuetos que obstaculizan, cualquier proyecto que pueda representar un paso real hacia adelante para los intereses de la clase obrera.
Si tomamos el caso del Parlamento argentino, si cualquier fuerza política con representación parlamentaria quisiera presentar un proyecto en la cámara baja, debe obtener dictamen con la mitad más uno de las firmas de los integrantes de la comisión tratante -que puede ser una o varias-. Algo poco probable en un ambiente tan adverso para la izquierda. Luego se debe sortear el escollo de que los presidentes de bloques lo seleccionen para ser tratado en la sesión. En este laberinto burocrático y lleno de trampas, donde la izquierda pierde la esencia de la política revolucionaria.
Pero siguiendo la lógica de los vericuetos que tiene el parlamento burgués, en el caso del Proyecto presentado del Aporte Solidario a las grandes fortunas por única vez, fue un proyecto pre acordado, lo que llevó a que tenga una exigua laborar parlamentaria, y pase rápidamente al recinto para su votación en general.
En estas condiciones, a los diputados de la Izquierda no les quedaba más remedio que: denunciar la posición de clase de la derecha y sus motivos para rechazar el impuesto; pero abstenerse a la hora de la votación, pues no podemos apoyar un proyecto timorato que además devuelve a los capitalistas el 45% de lo recaudado, y no toca a las altas rentas de las empresas, a los grandes terratenientes, a los especuladores inmobiliarios y grandes bancos.
En realidad, para los revolucionarios solo queda denunciar el carácter reaccionario y de clase, no solo de los obstáculos antidemocráticos, de los usos o mecanismos del parlamento, sino el signo prescriptivo para las minorías dentro del Parlamento. Además, los proyectos que salen en general son en detrimento o juegan como el aval en letra de molde para una mejor explotación a las masas. Si cabe algún avance que surja del parlamento solo se debe a las enormes movilizaciones de masas que llevan años y que su magnitud ha cobrado una sustancia que obliga a los representantes políticos a tomar los temas e incluso aprobarlos. Esto se liga a que la democracia representativa se encuentra en las antípodas de los objetivos que nos trazamos para la revolución, la democracia directa, la unificación de los poderes judiciales, legislativos y ejecutivos en los consejos o los organismos que las masas vayan creando en su lucha.
Debemos prepararnos para la lucha
Argentina se encuentra en medio de una profunda crisis económica, con crecientes niveles de pobreza y desempleo. Según cifras oficiales, el 40,8% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y el desempleo ha aumentado hasta el 10%. Más de dos millones de personas han caído en la pobreza desde el inicio de la pandemia, cifra que podría haber sido mayor de no ser por los planes sociales del gobierno. La OCDE prevé un colapso de la economía argentina en 2021 del 12,9%.
En estas condiciones, no es de extrañar que la idea de gravar a los ultra-ricos sea muy popular. Según una encuesta del CELAG, más del 76% de la población argentina apoya el impuesto, que también tiene un apoyo abrumador en otros países de la región donde se está considerando, con tasas de aprobación de entre el 64 y el 75% en Chile, Ecuador, México, Perú y Bolivia.
En resumen, si bien los socialistas somos partidarios de un sistema de tributación progresiva (donde quien gana más paga más) basado en la imposición directa en lugar de los impuestos indirectos (como el IVA), es evidente que gravar a los ricos no es realmente una solución al problema central que se plantea: dónde encontrar el dinero necesario para pagar la atención sanitaria, la educación, las jubilaciones y, en general, el gasto social necesario para proteger y mejorar el nivel de vida.
En lugar de gravar a los ricos, la solución consiste en expropiar los medios de producción que poseen (que no pueden llevarse a otro país) para que la riqueza de la sociedad, creada por los trabajadores, pueda ser utilizada como parte de un plan de producción democrático para satisfacer las necesidades de las mayorías.
El 2021 presagia un año convulso, seguramente la moneda corriente se desarrollará entre las movilizaciones contra el hambre creciente, por paritarias y empleo. Las banderas reivindicativas deben ligarse a construir una nueva legalidad, la misma que ponga la totalidad de los recursos económicos, industriales y del campo en manos de los y las trabajadoras.