Los últimos acontecimientos que recorren la situación en el país se encuadran dentro de una lógica, promovida por los sectores de derecha vinculados al macrismo, con una clara intención de generar un ambiente de desorden social en el país.
No solo la policía bonaerense avanza con sus reclamos de mejoras salariales con las armas en la cintura, sino que de tiempo atrás se estimula a través de los medios escritos, radiales y televisivos las movilizaciones anticuarentena, la quema de tapabocas en el Obelisco, etc., ante un creciente discurso que fustiga a los sectores populares en relación a la “seguridad” y que criminaliza la toma de tierras, frente a la crisis de la vivienda y el deterioro de las condiciones de vida de millones de jóvenes y trabajadores de nuestra clase.
La bonaerense se muestra o se ofrece con los medios hegemónicos y la voz de ciertos representantes de Juntos por el Cambio, pero también con sectores afines a F y F que muestran ambigüedades, señalan que las tomas de tierra son delito, o Sabina Frederic que sale reconociendo los reclamos del pueblo Mapuche en Villa Mascardi y al otro día se alinea con el vaquero Sergio Berni cuestionando las tomas de tierra ya que son ilegales.
A pesar del carácter minoritario de las movilizaciones en las principales ciudades del país no dejan de ser alarmantes por su prédica intencional, amplificada por los medios dominantes, de que nos encontramos en presencia de una dictadura que impide el normal desenvolvimiento de la vida económica y social.
La arenga política de los operadores de la comunicación, unidos a los políticos de Juntos por el Cambio, de convocar al conjunto de la sociedad a desconocer los protocolos de salud ante el crecimiento de contagios de la pandemia de COVID-19, muestra el absurdo -por ejemplo- del Diputado Nacional José Núñez, que habiendo dado positivo, se muestra en una clara actitud de provocación en las marchas anticuarentena, actitud que comparte con la participación de la ex Ministra Patricia Bullrich en marchas anteriores sin respetar el protocolo del tapaboca.
De la misma forma, debemos entender las declaraciones del Jefe del Ejército reivindicando el Operativo Independencia en 1975 que constituyó uno de los primeros pasos que condujeron a la dictadura cívico militar del ’76. Encuadradas en declaraciones anteriores de Eduardo Duhalde y Ernesto Sanz de que no se llega a las elecciones del año que viene y que Juntos por el Cambio deben estar preparados ante lo que viene.
Todas las políticas que desde la oposición se vienen implementando tienen un claro carácter de generar un desorden social, con el objetivo de lastimar al gobierno de F y F e imponer su agenda reaccionaria o incluso la intención de AEA de precipitar su salida con el silencio cómplice del empresariado que no se encuentra en este sindicato patronal. Es verdad que, como señalamos en nuestra última editorial: “A pesar de las ambiciones políticas personales de Macri, Larreta, Vidal o Bullrich, empresarios, banqueros y terratenientes son conscientes que el Frente de Todos es el mejor garante de la gobernabilidad con el que cuentan hoy en día. Las diferencias políticas de las distintas facciones de la clase dominante convergen en un punto: Que no se rompa la gobernabilidad producto de una irrupción de masas ante la profundización de la crisis. El 2001 se encuentra grabado en la memoria y la vida enseña. Tanto a unos como a otros.”
De todas formas, sabemos de la volatilidad de la situación política que avanza día a día, y como dice el refrán “a río revuelto ganancia de pescadores” sacan provecho con la agitación de las situaciones de caos y desorden. El gobierno se “para” y grita que va a enfrentar como lo hizo hasta ahora, a todos y cada uno de los problemas que se le presentaron. Lo más llamativo que la resolución que tiene en mano es cediendo ante los uniformados en sus reclamos salariales, esto significa que da un paso atrás con la escolta del arco sindical que muestra nuevamente, la falta de independencia política dado que no pone en primer lugar la agenda de los y las trabajadoras.
Mientras la derecha muestra los dientes y poco a poco crece cabalgando en el cansancio y el malestar de enormes sectores de la población, producto del confinamiento y que la economía no arranca, el gobierno cede ante los reclamos de la Bonaerense, y que en este preciso momento se le han sumado los jubilados de la policía de Rosario, junto a los familiares de los uniformados activos.
Si bien el gobierno de Fernández y Fernández cuenta aún con una importante adhesión de más de 60%, muestra una actitud de ceder ante los reclamos de las fuerzas de seguridad. Los intentos para que funcione la economía ante la profunda crisis capitalista que azota la región y el mundo, significa el colapso de la demanda, lo cual es cierto. Por lo tanto, el Estado quiere intervenir y apuntalar la demanda mediante el gasto público. Pero el dinero del gobierno proviene de los impuestos. Si se grava a los capitalistas se recorta la inversión como lo anuncian los sectores del agro negocio. Si se grava a los trabajadores se recorta el consumo. Pedir prestado es simplemente gastar los ingresos fiscales del mañana que ya están al rojo vivo. Y la pregunta es ¿quién paga la crisis? ya que los dólares hay que devolverlos con intereses. Por lo tanto, los sectores de la derecha generan el malestar social en pos de seguir avanzando contra los salarios, las condiciones de vida, salud y educación de la clase obrera y los sectores populares.
Las organizaciones sindicales y sociales se encuentran alerta ante la avanzada de la bonaerense. Pero acá debemos ser muy claros, de las palabras a los hechos. La única manera de aplastar a los sectores desestabilizadores, que generan el desorden social, es con los métodos de nuestra clase. Se necesita impulsar desde las bases sindicales como los cuerpos de delegados y las juntas internas, asambleas -con cuidado por covid-19- donde se discuta la necesidad de medidas de fuerza, tomando en nuestras manos el destino de nuestras vidas y pararles la mano a las fuerzas desestabilizadoras e imponer la agenda de la clase trabajadora ocupada y desocupada.
La debilidad llama a la violencia. El gobierno de F y F no muestra fortaleza ante los hechos que se desarrollan por sus propios límites de clase. Esta contradicción es la que siempre sucede con los gobiernes que intentan gestionar al capitalismo en crisis, si incluso toman medidas más radicales a través de sus jefes sindicales, tienen el gran temor que el movimiento se torne indomable y que los de abajo impongan sus demandas. Prefieren soportar las presiones de la derecha más rancia y ceder en pos de salvar la gobernabilidad y las instituciones.
El activismo combativo debe tomar como tarea la organización de la resistencia en unidad desde las comisiones internas, los cuerpos de delegados y a las organizaciones sociales, populares, estudiantiles y barriales. Se debe convocar a toda la militancia de base y al conjunto de las organizaciones de la izquierda a organizarnos desde abajo y preparar la respuesta que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras necesitamos.