El lastimoso crujir de la institucionalidad chilena. 

La institucionalidad burguesa chilena, como un viejo armario desvencijado, cruje por todas sus hendijas ante la menor brisa. Este último mes, el ventarrón que desencadenó una interminable letanía de quejidos ha sido el proyecto que autoriza un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones desde las aseguradoras privadas por parte de los cotizantes. El fuelle impulsor que derrotó la tenaz oposición del Presidente Sebastián Piñera ha sido, como siempre, la organización de los trabajadores, expresada en una formidable movilización de los trabajadores portuarios y la amenaza de una huelga general.


Las escasas medidas tomadas por el gobierno no han sido capaces de contener el impacto de la severa crisis económica catalizada por la pandemia. Según un informe del Banco Mundial de abril de este año, se estima que aproximadamente 2,3 millones de personas de clase media, alrededor de un 19%, cayeron en vulnerabilidad, mientras el ingreso per cápita cayó en alrededor del 40% en los hogares donde al menos un miembro perdió el empleo. Ya a comienzos de año la CEPAL advertía que, en el caso de Chile, tal como para el resto de la región, la economía atraviesa una de las mayores crisis económicas de su historia, con una caída del producto interno bruto (PIB) el 2020 de un 6%; la pérdida de más de un millón de empleos; y un aumento en la pobreza absoluta que sería cercano a un 4%. En tanto, cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) arrojaban que la tasa de desocupación el 2020 alcanzó un promedio de un 10,7%, incremento que fue atenuado por la gran cantidad de personas que salieron de la fuerza de trabajo, y que postergaron o ralentizaron la búsqueda de éste, implicando un aumento de 34,5% en la cantidad de desocupados en comparación con 2019.

Las transferencias directas de fondos fiscales a las familias más afectadas han sido excesivamente tardías y burocráticas. Uno de estos instrumentos, mal llamado “Bono Clase Media”, consiste en la entrega única de $500.000 (unos US$700) a personas cuyo ingreso promedio mensual en 2019 se encontrase entre $298.833 y $2.000.000 (US$428 y US$2.864), y que demuestren una disminución de sus ingresos de al menos un 20% en relación con el semestre anterior. Pero esta ayuda no ha llegado a la gran mayoría de las familias que lo necesitan urgentemente, en buena parte por la exagerada cantidad de engorrosos trámites para demostrar el cumplimiento de los requisitos, o por la imposibilidad de los trabajadores informales para demostrar sus ingresos o sus pérdidas. Una economista chilena señalaba a la BBC que “de todo el gasto fiscal que se hace en Chile, un poquito más del 3% son transferencias monetarias a las familias o personas en exclusión social” lo que se traduce en que de los US$12.000 millones que se tenían destinados a la emergencia, el año pasado sólo se haya gastado poco más de un tercio 1. Frente a esto, el gobierno decidió otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 100.000 pesos (US$143) por persona, por tres meses, para quienes estén dentro del 80% más vulnerable dentro de un cuestionado registro social de hogares (para cuya inscripción se requieren una nueva serie de trámites). Esas ayudas son a todas luces insuficientes, si se considera que la línea de la pobreza fijada por el estado de Chile corresponde a $450.000 para un hogar promedio de 4 personas. “Soy demasiado rico para recibir ayudas del Estado y demasiado pobre para pedir un crédito en el banco” es una de las frases que se suelen escuchar por estos días.

Frente a la mezquindad y lentitud del gobierno, y la desesperación de la población, ésta ha clamado una vez más por poder acceder a una porción de sus ahorros en manos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), tal como ocurrió en Julio y Diciembre de 2020, en ambas ocasiones enfrentando la feroz resistencia del gobierno, partidos políticos de derecha e izquierda y empresarios. Los trabajadores tienen claro que no deberían ser ellos quienes echen manos a sus propios ahorros para paliar los efectos de la crisis, si no los grandes capitalistas, especialmente aquellos que han profitado de monstruosas ganancias en este período. Por ejemplo, las ganancias atribuibles a los propietarios de los bancos llegaron a los a unos US$1.590 millones durante 2020. Otro ejemplo más vejatorio aún: en mayo, tres de las más grandes AFP retiraron utilidades equivalentes a US$ 210.933.836 para repartir entre sus accionistas. Sin embargo, los empresarios y sus representantes políticos en el gobierno se han negado sistemáticamente a implementar una reforma tributaria transitoria que permita recaudar lo suficiente como para financiar una renta básica de emergencia para solventar las necesidades mínimas de la población, dejando el retiro anticipado de ahorros previsionales como el último recurso al cual acudir. Al final, razonan los trabajadores, con o sin retiro, igual van a recibir pensiones de hambre.

Este clamor popular fue hábilmente recogido por la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles, con aspiraciones presidenciales, una figura variopinta y oportunista que ha hecho de esta campaña su único estandarte. A pesar de una rotunda negativa inicial por parte de los partidos políticos tradicionales, poco a poco la presión de la calle y la contingencia de un año electoral hizo mella en los parlamentarios, incluso en la mayoría de los diputados y senadores de derecha, quienes, uno a uno, se fueron plegando a la iniciativa legislativa enarbolada por Jiles para realizar una modificación constitucional transitoria que permita el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Precisamente, por tratarse de una reforma constitucional, prerrogativa exclusiva del ejecutivo, el gobierno y la patronal se han refugiado en este tecnicismo para oponerse a la maniobra parlamentaria, y han amenazado reiteradamente con acudir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnarla. En el caso de la primera intentona, doblegado por una amplia derrota en el Congreso y por intensas protestas en forma de barricadas y caceroleos masivos, el Presidente Piñera se resignó a no recurrir al TC y firmar a regañadientes el proyecto.

Ni bien promulgado el primer retiro, ya se estaba tramitando el segundo en el Congreso. En un fallido intento por mostrar músculo, Piñera se decidió a bloquearlo en el TC, el que, como era de esperar, dado el sesgo político de sus integrantes, acogió el recurso presidencial. No obstante, el gobierno debió ceder una vez más a la presión de los trabajadores, y acabó impulsando su propio proyecto, prácticamente idéntico al que había impugnado. En abril de este año, en plena segunda ola de contagios (propiciada en buena medida por la ineptitud y exitismo del gobierno en el manejo de la crisis sanitaria), la idea de un tercer retiro del 10% volvió a encontrar eco en los congresistas que hace un año la desechaban. La oposición primero, seguidos por el oficialismo, impelidos por el terror a un nuevo desborde social de proporciones iguales o aun mayores al de octubre de 2019, apoyaron por abrumadora mayoría la iniciativa, poniendo al gobierno entre la espada y la pared por tercera vez seguida. Dos días antes de su aprobación, el miércoles 20 de abril, el gobierno ingresaba un nuevo requerimiento al TC para intentar frenar el retiro, consciente de que este tercer espolonazo sería suficiente para terminar de hundir no solo el sistema de pensiones, sino la mismísima Constitución, el dique de contención para un modelo que consagra el derecho a la propiedad por sobre los derechos sociales.

La noche del viernes se repitieron los masivos caceroleos y barricadas a lo largo del país, mientras la Unión Portuaria de Chile convocaba a una paralización de 25 terminales para el día lunes, la Federación de Trabajadores del Cobre llamaba a estar alertas y a evaluar acciones, y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocaba a una “Huelga General Sanitaria”, aunque para el viernes siguiente. El coraje y la determinación de los portuarios resulta inspirador para el resto de la clase trabajadora, con combativas jornadas de barricadas y bloqueo de rutas que se esparcieron desde Iquique a Punta Arenas, y que hicieron temblar la institucionalidad. Hubo incluso muestras de solidaridad obrera internacional, cuando el Consejo Internacional de Estibadores amenazó con el bloqueo mundial de cargas provenientes desde Chile. Durante el fin de semana, el gobierno estaba nervioso, y montó una puesta en escena el domingo en la noche, televisada en cadena nacional y con ministros y candidatos presidenciales del oficialismo, donde anunciaba que, si bien no retiraría el requerimiento al TC, se allanaba a enviar al Congreso su propio proyecto de retiro del 10% (aunque acotado), tal como la vez anterior. Pero la suerte ya estaba echada y Piñera, en su terquedad, terminó disparándose a los pies. El martes por la mañana el TC daba a conocer que no acogía a trámite el recurso que buscaba frenar el retiro, y esa misma tarde un Piñera derrotado se veía forzado a promulgar el proyecto aprobado por el Congreso y a retirar el suyo. Los acontecimientos demostraban que ni el último bastión anti-democrático, el TC y sus operadores políticos, estaban dispuestos a prender la chispa de una nueva insurrección.

La mañana siguiente corrieron ríos de tinta en la prensa burguesa que lloraban la muerte de la Constitución pinochetista de 1980 y su tutela sobre los principios económicos neoliberales; ello a pesar de que la carta magna ya había sido sentenciada en el plebiscito de octubre de 2020, cuando un 79% de los chilenos habían votado a favor de convocar una asamblea constituyente para el 2021. No menos lacrimosas eran las declaraciones de los líderes de los gremios empresariales y economistas de derecha, augurando la destrucción del sistema de pensiones chileno y el derrumbe de los mercados, aunque el comportamiento bursátil solo fue un pálido reflejo de esas predicciones, mientras eufórica, Pamela Jiles anunciaba ante las cámaras la presentación de nuevos proyectos de cuarto y quinto retiros.

Mientras el pasado viernes la simbólica Plaza Dignidad estaba copada con Carabineros ante el temor de que el llamado a Huelga General se tradujera en violentas manifestaciones, y con la evaluación del presidente por los suelos (9% de aprobación), la oposición “democrática”, como gusta ser llamada, decidió no dejar caer a Piñera, mostrando credenciales de “republicanismo” y “apego a las instituciones”, al poner en el congelador una acusación constitucional que buscaba destituirlo, entre otras causas, por su espantoso manejo de las crisis económica y sanitaria, además de su responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante la insurrección de octubre. La Presidenta del Senado, demócrata-cristiana, se posiciona ahora como una figura conciliadora para buscar consensos en la rota relación entre el ejecutivo y el legislativo, con guiños a la CUT, capitalizando popularidad en las encuestas. Mientras tanto, el ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, enviaban un escrito a la Corte Penal Internacional, para pedir que ese tribunal investigue, acuse e inicie un juicio al Sebastián Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales, “por crímenes de lesa humanidad cometidos de manera generalizada y sistemática desde octubre de 2019”.

El viejo armatoste levantado en dictadura por Pinochet y sus colaboradores neoliberales, y apuntalado por sus socios de la Concertación, tambalea por sus cuatro costados. Sus pilares institucionales (Presidencia, Congreso, Tribunales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, Constitución, Modelo Privatizador) han sido trizados a fuerza de golpes propinados por las masas, en la calle. Sin embargo, aún se mantiene en pie, sostenido por su propia inercia y por frágiles remiendos aportados por una clase que se niega a entregar sus prebendas. Sólo se desplomará cuando el pueblo organizado se movilice para destruir el aparato estatal burgués e instaurar el gobierno de las y los trabajadores. La clase obrera y las masas ya han demostrado tanto su voluntad de lucha como su fuerza; lo que falta es una dirección a la altura de estas tareas.

1) https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56817148

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