El joven universitario de primer semestre Jonathan Quispe Vila murió en circunstancias poco claras en medio de la represión policial a una movilización de la UPEA que exige un mayor presupuesto.
Jonathan ha sido asesinado por el impacto mortal de una canica de vidrio que le ha perforado un pulmón. Un proyectil no convencional ni oficialmente en dotación a la policía. La versión oficial expuesta por el gobierno es que esta canica salió de un petardo disparado por los propios manifestantes. Sin embargo hay muchas dudas sobre esta reconstrucción.
De las imágenes que han circulado en las redes parece evidente que Jonathan ha sido impactado por la canica en su pecho. La inclinación de la herida abierta en el cuerpo del joven demuestra que el disparo provino de un lugar más alto. El gobierno y la policía deducen de esto que Jonathan fue alcanzado accidentalmente por un disparo que salió de alguna pasarela donde estaban apostados sus propios compañeros universitarios.
Sin embargo Jonathan cayó herido a muerte a más de 200 metros de distancia de la pasarela más cercana, entre edificios que tapan la visual. Además un petardo no podría imprimir la fuerza suficiente a convertir una canica en un proyectil mortal, a menos que el disparo se produzca a corta distancia. Pero para la policía y el gobierno estas dudas, por razonables y demostradas que sean, esconden intenciones desestabilizadoras y de derecha. Esto mismo alimenta el escepticismo sobre la real voluntad de investigar los sucesos.
En particular el ministro Romero ha denunciado una coordinación entre Doria Medina y el rector de la UPEA en el marco de una conspiración más grande para provocar muertes y desprestigiar al gobierno. Habría que sorprenderse del contrario. De hecho es bastante “natural” que la derecha esté buscando tensionar un cuadro político ya desestabilizado por la dificultad de conciliar opuestos políticos y sociales, contentar a empresarios y trabajadores, la desburocratización de la inversión con la lucha a la corrupción etc.
Por un lado la derecha está alentada en esto por el fermento social de los últimos meses, por el otro esta es su única posibilidad después de la anulación del referéndum de 21F. Pero que la derecha busque muertos para enlodar la gestión del gobierno no responde a la pregunta de quién le está proporcionando estas muertes.
Jonathan ha sido asesinado en la represión a una manifestación fundamentalmente pacifica que reclamaba más presupuesto ante la crisis económica de la UPEA. Durante todo un periodo el presupuesto trasferido a las universidades se incrementó, permitiendo crear carreras, contratar docentes y administrativos, mejorar la infraestructura. Pero con la desaceleración económica el gobierno ha empezado a comprar el apoyo de multinacionales y empresarios privados a caro precio y con la plata de gobernaciones, municipios y universidades.
Así el número de estudiantes y en general las necesidades de las universidades han crecido, pero el presupuesto ha sido recortado, generando situaciones de crisis, que en algunas universidades más “virtuosas”, según el gobierno, en la gestión de los recursos – como la UAGRM – se está tapando con el endeudamiento. La represión, incluso contra sectores afines al MAS, no es una novedad, pero el contexto general y la agudeza de las dificultades en ciertos ámbitos sociales donde nacen los conflictos (salud, educación, regiones etc.) aumenta la percepción de ilegitimidad de la fuerza pública. Más Estado y más abusivo, burocrático y mediocre y menos movimientos sociales y participación política de las bases: a esto nos conduce la crisis del proyecto reformista del MAS.
Con seguridad para Jonathan, como para cualquier estudiante universitario, la lucha por un mayor presupuesto significaba luchar por una mejor universidad y un título de estudio con más valor en el mercado del trabajo. Sin embargo en todo el sistema universitario hay mafias administrando los recursos en un régimen de arbitrio total que le viene de su posición privilegiada frente a los estudiantes en el marco del cogobierno.
En la UPEA las cosas no son distintas, pese a que en esta casa superior de estudios las autoridades son electas mediante voto universal y a menudo revocadas por los estudiantes. El gobierno considera este sistema ineficiente, pero sin plantear alternativas. Así sus criticas coinciden y refuerzan tanto la posición de los docentes de la UPEA que usan el voto universal para movilizar a los estudiantes por sus intereses, como del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana que rechaza la supuesta “dictadura estudiantil” de la Universidad de El Alto.
Para honrar la memoria de este joven alteño y compañero universitario se deben esclarecer las condiciones de su muerte violenta, demarcarnos de los que pretenden especular sobre su asesinato y defender los motivos de su lucha. Para nosotros esto significa:
- exigir que la muerte de Jonathan sea investigada por una comisión integrada por delegados democráticos de los estudiantes de la UPEA;
- exigir a la CEUB que suspendió su congreso en protesta contra este asesinato el pleno reconocimiento de las autoridades de la UPEA y del voto universal;
- terminar con todos los incentivos, créditos y devoluciones impositivas a las multinacionales, expropiándolas para financiar mejor educación, salud y derechos sociales;
- por un reglamento presupuestario de las universidades que privilegie todos los problemas estudiantiles como ser: infraestructuras, acefalias de cátedras debido a falta de recursos, transporte, alimentación, libros, internados etc.