El miércoles 12 de mayo, una parte de la oposición chilena formado por políticos del PS, PPD, RD y DC presentó al gobierno una propuesta formulada después de un “conclave” llevado a cabo el sábado recién pasado y una reunión posterior. El documento contiene sugerencias económicas para enfrentar la crisis económica y la pandemia. Forman parte del dialogo en base a “mínimos comunes” que está sosteniendo la centro-izquierda de la oposición y que es impulsada por la presidenta del senado, Yasna Provoste, entre otros. Uno de los puntos centrales es la implementación de una Renta Básica de Emergencia. La propuesta es definida en base a cuatro puntos: 1) que tenga carácter universal, es decir, la ayuda llegaría al 100% del Registro Social de Hogares (RSH), pero se excluiría a los hogares de ese grupo que tengan un ingreso mayor (décimo decil) a través de una comprobación con información de otros organismos; 2) suficiencia del monto o que se encuentre sobre la línea de la pobreza, pero que también considere otros gastos no esenciales y dependientes de cada hogar como endeudamiento, enfermedades o educación. Se propone que la Renta Básica de Emergencia sea el valor que resulta de aumentar al monto de la línea de la pobreza según el número de integrantes del hogar, más un 30%; 3) que la duración de la medida se ajuste a la existencia de la pandemia, es decir que sea prorrogable si la situación económica y sanitaria lo exige; y 4) que el pago de este beneficio sea simplificado, es decir, que la asignación sea automatizada y sin postulación. Además, el documento incluye otras medidas como un plan de recuperación para MiPymes y sectores postergados; el fortalecimiento de las medidas sanitarias (incluyendo la gratuidad del PCR) y la incorporación de Fuentes de Financiamiento para la emergencia y el mediano plazo. En este último punto, se tratan aspectos como reducir la evasión y elusión de impuestos, y la eliminación de ciertas exenciones tributarias.