La penalización del aborto ya es inconstitucional en México

En una votación histórica y de manera unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con diez votos de los ministros, ha declarado inconstitucional sancionar penalmente a las mujeres que decidan abortar. Si esta votación se da ahora es claramente resultado de todo el proceso de lucha que hemos llevado en las calles, donde los derechos para la mujer ya no pueden ser ignorados. Sin esta lucha esta votación simplemente nunca se hubiera realizado.


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Haciendo eco de los argumentos que hemos dado por años en las calles, la ministra Margarita Ríos Fajart argumentó a favor de su decisión que es asunto donde están en juego los derechos humanos, pues el acceso libre y seguro a la interrupción voluntaria del embarazo no está prohibido en la Constitución, por lo que se debe evitar la intrusión del Derecho Penal en este asunto. Además, añadió que se estima que cada año se realizan entre 350 mil y 1 millón de abortos, de los cuales una tercera parte presentan complicaciones, debido a la dificultad que enfrentan las mujeres para acceder a una atención médica con todas las condiciones sanitarias necesarias. Y finalizó diciendo que: “Es un asunto de Salud Pública que debe garantizar el Estado”.

El ministro Aguilar Morales declaró: «Hoy se destierra la amenaza de prisión que pesaba sobre las personas que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo», y aclaró que la propuesta no trata de defender el derecho al aborto, sino el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su vida. En México hemos visto casos de mujeres que han pasado años en prisión por abortar, incluso por tener un aborto natural. Se han usado argumentos legales para meterlas a la cárcel como el “homicidio en calidad de parentesco”. Con esta votación, esa privación criminal de la mujer de su libertad debe dejar de existir.

El ministro Fernando Franco González Salas, se sumó a las voces que pedían incluir la declaración de invalidez al artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que prevalecía en el proyecto original, propuesta por el ministro Aguilar Morales. Por lo que la resolución dictada por los ministros tiene como efecto la eliminación del artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establece hasta tres años de cárcel a las mujeres que se practican abortos de manera voluntaria. Con esto se sienta una jurisprudencia que lleva a que en todo el país se despenalice el aborto.

El derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo es una de las demandas básicas y más antiguas del movimiento de mujeres; es por ello también que la situación de la mujer siempre ocupó un lugar central en la teoría y en la práctica de marxismo. ¿Por qué las mujeres son relegadas al papel de objetos sexuales, sujetas a la aprobación o desaprobación de los hombres? ¿Por qué las mujeres, incluso hoy, seguimos luchando por el derecho a controlar y decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra vida sexual?

Todo esto inicia en el seno de esa versión de la “familia” dictada por una sociedad religiosa y burguesa que decide qué y cómo debe ser una familia. La sociedad capitalista asigna roles de género para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. Una de las fuentes más notorias de opresión hacia la mujer radica en su papel en la familia como reproductora de la fuerza de trabajo para el capitalismo y en el papel desigual de la mujer en ese proceso.

Ha sido un camino muy largo desde el año 2000, al que una serie de circunstancias lo hicieron un año clave en el debate sobre el aborto. La más relevante fue el «caso Paulina», una adolescente de 13 años violada en Mexicali, Baja California, quien presentó una demanda ante el Ministerio Público, acompañada de su madre y su hermano. Paulina quedó embarazada a raíz de una violación y solicitó, con el apoyo de su madre, el aborto legal al que tenía derecho. Treinta y cuatro días después de cometido tan atroz delito contra ella, el Ministerio Público giró la orden al Hospital General de Mexicali para que se realizara el aborto. Dos meses y medio después de la violación, ingresó al Hospital General de Mexicali, donde estuvo toda una semana mientras el director hacía todo lo posible por retrasar el aborto. En ese tiempo, le mostraron el filme de Pro-Vida “El Grito Silencioso, pidiendo que se concentrara en una imagen religiosa. Posteriormente, el Procurador General del Estado de Baja California llevó a Paulina y a su madre a visitar a un sacerdote, quien les explicó que el aborto es un pecado y constituye motivo de excomunión. Y minutos antes de la intervención programada, el director del Hospital llamó aparte a la madre de Paulina y exageró los riesgos de la intervención, le habló sobre la posibilidad de que su hija muriera y la hizo responsable de su muerte. La atemorizó hasta el punto de hacerla desistir, violando por completo los derechos humanos de la joven.

En el 2007, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México organizó foros de discusión de los que participaron organizaciones conservadoras y progresistas, así como expertos jurídicos y médicos. Después de un arduo trabajo de análisis y debate para conciliar las iniciativas y tomando en cuenta el precedente de la Suprema Corte en la materia, las Comisiones Unidas aprobaron, por mayoría de votos de sus integrantes, el dictamen que planteaba la despenalización y legalización del aborto en la Ciudad de México en los siguientes términos:

  1. Reformular la definición jurídica penal del aborto: «Aborto es la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana de gestación». Por lo tanto, el aborto únicamente puede penalizarse a partir de la semana 13 de gestación, siendo lícitos los abortos consentidos o procurados dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
  2. Definir el embarazo, para efectos del Código Penal, como «la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio». Con esto, se refrenda la legalidad de los métodos anticonceptivos poscoitales, como la anticoncepción de emergencia.
  3. Reducir las sanciones para las mujeres que se practiquen un aborto.
  4. Proteger a las mujeres que fueran obligadas a abortar. Se estableció la figura del «aborto forzado», que se define como «la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada».
  5. Reformar la Ley de Salud del DF para ofrecer servicios de asesoramiento y contención (pre- y postaborto) y brindar información objetiva a las mujeres que soliciten la interrupción legal del embarazo.

Los grupos conservadores y la jerarquía católica exigieron un referéndum y argumentaron que la vida del producto de la concepción debía prevalecer sobre los derechos humanos de las mujeres. No obstante, el 24 de abril de 2007, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó las reformas por 46 votos a favor.

Más allá de los debates y las posturas, lo cierto es que la reforma ubicó a la Ciudad de México a la vanguardia de América Latina en el tratamiento penal del aborto. En este camino siguieron los estados de Oaxaca, Yucatán e Hidalgo. El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre la puerta para que en todo el país la despenalización del aborto entre en vigor; trayendo con esto un avance en los derechos de las mujeres.

Hoy se tuvo un ligero avance en el camino al impedir que entren a la cárcel las mujeres que realicen un aborto y el personal médico que les ayude; esto se trata de un asunto de justicia social, siendo las mujeres de escasos recursos quienes pierden la vida en abortos clandestinos. Es un pequeño paso que abre una brecha legal para poder lograr que a nivel nacional se legalice el aborto, sin embargo, aún existe una lucha ardua por delante, que nos tomará tiempo, pues no será suficiente la despenalización, ya que eso no resuelve las condiciones económicas, sociales y culturales que impiden el acceso al aborto seguro y gratuito.

La despenalización nos asegura que ninguna mujer volverá a ser privada de su libertad por decidir sobre su cuerpo, lo cual es un avance muy importante y trascendental, pero no basta con esto; apelando a la consigna de que el aborto es una cuestión de garantía de la salud, entonces las legislaciones deben asegurar que todas las mujeres o personas gestantes puedan tener un libre acceso a la práctica del aborto en centros de salud que cuenten con el material y personal especializado en esta práctica y, por supuesto, de manera gratuita. Nuestra lucha por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) empieza a dar sus frutos, hemos arrebatado al Estado en las calles esta reivindicación esencial; a partir de la organización y lucha de las mujeres debemos continuar impulsando el acceso a este derecho democrático.

Cómo nos decía Trotsky en sus escritos sobres la cuestión femenina: “Cambiar de raíz la situación de la mujer no será posible hasta que no cambien las condiciones de la vida social y doméstica”.

¡Nunca más una mujer presa por abortar!

¡Nunca más una mujer muerta por abortar!

¡Derecho a la interrupción legal del embarazo gratuito en todo el país ya!

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