Aunque todavía faltan aproximadamente tres trimestres para las elecciones generales de octubre, desde inicios de 2024 la escena política del país ha estado marcada por la disputa entre las dos coaliciones políticas principales, que aspiran a la ganar la presidencia y controlar el parlamento.
La política de ajuste capitalista de LaCalle Pou prepara la derrota electoral de la derecha en octubre
Hasta el momento, sin embargo, las encuestas dan una ventaja creciente al Frente Amplio por encima de la derecha.
Según Factum, si a finales de enero se hubiese efectuado un balotaje entre Yamandú Orsi –el pre candidato del FA con mayor perspectiva de ganar las internas- y Álvaro Delgado –probable candidato de la coalición de derecha-, Orsi habría obtenido 51% y Delgado 41%. Esto es un crecimiento de 5% en comparación con las encuestas efectuadas a finales de 2023.
Estos números resultan absolutamente lógicos dado el retroceso de las condiciones materiales de la clase trabajadora en el último período. La aplicación de un plan de ajuste sistemático contra la clase trabajadora durante los últimos tres años, ha mermado la base de apoyo de la Coalición Multicolor, que ya era estrecha de por sí cuando LaCalle ganó las elecciones presidenciales.
Desde sus inicios, el eje de la política gubernamental ha consistido en un clásico programa de ajuste reaccionario: reducción del déficit fiscal -que pasa por la reducción de los salarios reales y las pensiones- y reforzamiento del poder represivo del Estado.
El centro de su plan de ajuste, la Ley de Urgente Consideración (LUC), propuesto en abril de 2020, contemplaba una apertura privatizadora en educación, la ampliación del margen de maniobra de la policía en su acción represiva, y restricciones sobre los derechos de huelga, de piquetes y manifestaciones públicas. En cierta forma, la LUC tenía similitudes importantes con el DNU de Milei, si bien la primera tiene un carácter más moderado, en tanto surgió en un contexto de crisis económica, déficit fiscal y exacerbación de la lucha de clases, claramente menos agudo que la situación existente hoy en la Argentina.
Como ejemplos, en el ámbito educativo, los recortes contemplados en la LUC y en la Ley de Presupuesto de 2020, contemplaban una reducción del porcentaje de la educación en el PIB total del 3,9% al 3,49% entre los años 2021 y 2025, que se expresaría concretamente la reducción de grupos y pérdidas de horas docentes, en recortes en el boleto estudiantil y en los servicios de alimentación escolar. En salud, el gobierno sólo contempló incrementar los aportes en sectores directamente relacionados a la atención de la pandemia, obviando el resto del sistema de salud. Considerando el aumento de la inflación durante la pandemia, esta medida implicó un recorte de facto.
Así, la política de austeridad fiscal y recortes de la Coalición Multicolor, no ha hecho sino profundizar los problemas acuciantes de los sectores más vulnerables de las masas trabajadoras, que habían observado un retroceso paulatino en sus condiciones de vida hacia el final del último gobierno frenteamplista.
Con todo, la pobreza en el Uruguay es hoy -en teoría- de las más bajas del continente, alcanzando aproximadamente un 10,4%. Pero, cuando se miran los números más de cerca, vemos una realidad distinta.
En primer lugar, la cifra de pobreza aumentó dos puntos porcentuales con respecto a los niveles previos a la pandemia y desde entonces no ha descendido.
En segundo lugar, las cifras de pobreza infantil han dado un salto en los últimos años. Mientras que la pobreza general afecta a una décima parte de la población, la pobreza infantil ha escalado a más del doble -un 22,5%-, lo que equivale a una quinta parte del total de menores de 18 años.
Aunque la cifra correspondiente a Uruguay es menos de la mitad de las de los países con los índices más altos de pobreza infantil –en Honduras es del 62% y en México del 51%, por ejemplo-, es también el único país en todo el continente en el que la pobreza en la infancia dobla la pobreza general (https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/09/29/la-pobreza-en-uruguay-es-del-104-y-aun-supera-los-valores-previos-a-la-pandemia/).
Asimismo, en términos generales el salario real ha tenido un franco retroceso desde el inicio de la pandemia, como consecuencia del incremento de la inflación y de las políticas de austeridad fiscal. Un análisis publicado por el PIT-CNT a partir del informe presentado por el INE el 31 de octubre de 2023, muestra que sólo hacia finales de 2023 comenzó una recuperación progresiva de los salarios, sin embargo, aún se encuentran por debajo de los niveles pre pandemia. En el caso específico del sector privado, esta caída de los ingresos reales y posterior recuperación, ha sido aún más lenta (https://www.pitcnt.uy/novedades/noticias/item/5752-cuesta-duarte-informe-sobre-salarios-del-tercer-trimestre-de-2023).
Por supuesto, no podemos dejar fuera de este análisis la infame reforma jubilatoria, que implica un incremento de la edad de jubilación de 60 años a entre 62 y 65 años de edad, dependiendo de la rama industrial, el tipo de trabajo, las cotizaciones aportadas y otros factores. Una política de ajuste similar a la reforma de las pensiones en Francia y en otros países capitalistas avanzados.
Como vemos, el conjunto de ataques sistemáticos del gobierno a las condiciones de vida de las masas trabajadoras ha generado un nivel de malestar y descontento social que prepara el retorno del FA al gobierno y a convertirlo en la fuerza mayoritaria en el parlamento. Ante tal perspectiva, urge hacer varias preguntas clave: ¿con qué programa y con qué política se plantea el FA dar batalla política al ajuste de la Coalición de cara a su posible vuelta al ejecutivo? ¿Volverá al gobierno para sólo mantener una política de reformas? ¿Se limitará, como el kichnerismo en Argentina entre 2019 y 2023, a administrar la crisis y, a dar continuidad parcial a la política de ajuste fondomonetarista que ha aplicado por tres años el gobierno de LaCalle? ¿Cuál será la política del FA ante flagelos como el narcotráfico, la criminalidad y la corrupción?
La corrupción y los límites del reformismo
Si bien desde que LaCalle asumió la presidencia su gobierno ha estado manchado por la corrupción, particularmente en los dos últimos años hemos sido testigos de una serie de escándalos que han mostrado al país tanto la naturaleza corrupta del Estado capitalista, como la hipocresía de los partidos de derecha frente a la corrupción y su vinculación a este flagelo. Tanto el caso Astesiano, como las irregularidades relacionadas con la investigación contra el ex senador Penadés, y la complicidad patente de funcionarios del gobierno y el Estado con el narcotraficante Sebastián Marset, muestran cómo la corrupción es moneda corriente del gobierno multicolor, porque es inmanente al sistema capitalista.
En cada uno de estos casos la dirección del FA y sus congresistas han actuado con la diplomacia propia de quienes fechitizan la democracia burguesa y el parlamentarismo. Si bien han subido el tono en la medida en que las pruebas contra los acusados se han tornado irrefutables, o los pormenores de los actos de corrupción han pasado a ser de dominio público, no han querido salirse del carril de la democracia burguesa.
En el caso Marset, que planteó una verdadera crisis gubernamental y casi institucional, implicando la renuncia de varios ministros y otros altos funcionarios del gobierno, el FA planteó la defensa de la democracia por encima de todo. Aunque los representantes del FA exigieron la renuncia de los funcionarios implicados, manifestaron reiteradamente su disposición a colaborar con el gobierno para sostener la institucionalidad burguesa del país en pie. Pero es esta misma institucionalidad la que acobija al flagelo de la corrupción y da base política e institucional a su existencia.
No existe una salida reformista a la corrupción, que tenga viabilidad en el largo plazo. La naturaleza del Estado burgués es corrupta porque la corrupción es inherente a la propia naturaleza del sistema capitalista, del cual el Estado forma parte. Los capitalistas utilizan la corrupción como un método para comprar y controlar a los políticos en el Estado y en los gobiernos, tanto aquellos políticamente afines a sus intereses de clase, como aquellos –en teoría- opuestos a los intereses de la burguesía, que forman parte de organizaciones políticas que se reivindican de izquierda o que tienen una base social obrera, así como orígenes y tradiciones históricas obreras.
Por otra parte, siempre habrá corrupción dentro del Estado mientras los procesos administrativos de la vida pública, de los asuntos públicos, estén en pocas manos. Por eso las y los trabajadores necesitamos un Estado obrero, un Estado basado en la democracia directa, conformado por delegados y delegadas, por diputados y funcionarios, sometidos al poder asambleario de la clase obrera, y fiscalizados por control asambleario. Un Estado en el que los asuntos públicos, aquellos que interesan a toda la nación, que son relevantes para el conjunto de las masas trabajadoras, estén bajo la fiscalización de las masas trabajadoras. Pero, para esto es necesario destruir, romper la maquinaria estatal existente a fin de construir una nueva legalidad, y no limitarse simplemente a apoderarse de ella.
Lamentablemente, la dirección del FA plantea luchar contra la corrupción estatal desde las propias instancias de la democracia burguesa y su institucionalidad. A la larga, esta lucha se convertirá en su opuesto.
Basta recordar el caso Sendic, para entender que dentro del aparato de Estado capitalista cualquier cuadro dirigente del FA puede degenerar en líneas burocráticas, cometer actos de corrupción y aspirar a convertirse en un burgués apropiándose ilícitamente de fondos estatales. Siendo hijo de uno de los dirigentes históricos de los Tupamaros, Raúl Sendic hijo optó por utilizar fondos estatales para su enriquecimiento mientras estuvo al frente de Ancap. Ya el propio Mujica ha señalado en el pasado cómo cuadros dirigentes del FA en función pública, han degenerado en esta misma línea.
Si las bases del FA realmente quieren luchar de manera radical y revolucionaria contra la corrupción, es necesario que en su seno se plantee el debate sobre la tarea histórica de destruir el Estado capitalista y construir un Estado obrero. Lo demás es arar en el mar, es fingir cambios que no serán sino maquillaje.
Narcotráfico y criminalidad: las lacras del capitalismo no admiten paliativos
Otro factor que contribuyó a mellar la base de apoyo del FA durante su último gobierno, al menos entre ciertos sectores de la población, fue el ascenso de la criminalidad.
Tan sólo en 2018, por ejemplo, la criminalidad en el país había mostrado un aumento del 45% en relación al año anterior.
La Coalición Multicolor, por supuesto, tomó el discurso de la seguridad como una de sus consignas políticas, por lo demás un lugar común en las derechas. Al enfrentar este flagelo, se ha orientado fundamentalmente a incrementar el papel de la represión como medio de contención, tal y como estaba contemplado en materia de seguridad en la Ley de Urgente Consideración de 2020.
Aunque hubo una reducción de los crímenes violentos y de la criminalidad en general en 2019 y luego durante la pandemia, los números han vuelto a subir. En 2022 el número de homicidios contabilizados oficialmente fue de 382 y en 2023 la cifra bajó apenas en 1 homicidio. Más allá de los casos de violencia doméstica y familiar y de ajustes de cuenta personales, los grandes causales de la criminalidad en la sociedad capitalista son la pobreza y el narcotráfico.
La criminalidad en general, es un fenómeno, al igual que la corrupción, inmanente al capitalismo. Por un lado, el desempleo, la informalidad laboral y la miseria en general, empujan a un sector de la clase trabajadora y la juventud a buscar una salida “fácil” a su situación socioeconómica y la de sus familias en el narcotráfico y la criminalidad. Por el otro, la violencia criminal, la creación y el armamento de pandillas y mafias son medios políticos violentos que emplean los narcotraficantes para el control territorial en la lucha por mercados. Aquí, en el mundo de la guerra entre carteles y narcos, al igual que en las guerras imperialistas, vale la máxima de VonKlaussewitz: “la guerra es la política por otros medios”.
Desde ése punto de vista, en última instancia no es posible erradicar de raíz la criminalidad mientras exista el capitalismo que la engendra. Cualquier medida reformista, aunque sea socialmente progresiva y no sustentada únicamente en la represión estatal, puede ser positiva, pero sólo será un paliativo.
Por otro lado, el narcotráfico, como negocio que permite la acumulación de capital a ciertos sectores de la sociedad, encuentra connivencia en la burguesía financiera, que aprovecha los capitales provenientes de la droga para hacer negocios en los mercados financieros con estos dineros manchados de sangre, a fin de reproducir sus capitales.
Si las y los trabajadores queremos asestar un golpe mortal al narcotráfico, debemos luchar por la nacionalización de la banca y todo el sector financiero, bajo control obrero. El narcotráfico seguirá siendo un negocio muy lucrativo mientras exista una burguesía financiera que se beneficie de éste.
Necesitamos una alternativa genuinamente comunista para Uruguay
Como hemos intentado demostrar y explicar en las líneas anteriores, derrotar la política de ajuste y ataques contra la clase obrera y superar la miseria y el empobrecimiento de las familias trabajadoras de forma definitiva, o sea, de una vez por todas, es una tarea que resultará imposible mientras el capitalismo se mantenga en pie.
Dicho esto, no obstante, aclaramos también que nuestra aproximación a esta cuestión no es sectaria.
Es indiscutible que para cientos de miles de trabajadoras, trabajadores y jóvenes, echar al actual gobierno de derecha que ha venido aplicando un paquete de austeridad empobrecedor es visto como una tarea central, tan primordial como tirar abajo la contra reforma jubilatoria mediante plebiscito.
Entendemos el odio que existe en un sector importante de la clase obrera contra el actual gobierno y su política de ajuste, y en ese sentido, comprendemos la intención mayoritaria de voto de la clase obrera uruguaya en los próximos comicios parlamentarios y presidenciales, con el objetivo inmediato de derrotar a la derecha que hoy gobierna el país.
De la misma forma, apoyamos la lucha de todas y todos los trabajadores clasistas que están recolectando firmas para lograr la convocatoria del plebiscito. De llevarse a cabo, apoyaríamos el voto mayoritario de la clase obrera para invalidar la reforma previsional del gobierno LaCalle.
Ambas tareas, ambas batallas, serían pasos adelante en la lucha política de la clase trabajadora, No obstante, también serán sólo medidas parciales en una lucha de más largo aliento. En el camino, debemos fortalecernos empleando nuestros métodos de lucha tradicionales, como la asamblea de base, las movilizaciones, la ocupación de fábrica, el piquete y la huelga general política.
De antemano, puede preverse que la dirección del FA gobernará como ya ocurrió en el pasado, dentro de los límites que impone la propiedad privada de los capitalistas y el Estado burgués. Aún y cuando dentro de este marco estrecho se intenten otorgar concesiones favorables a la clase obrera, a la larga el margen financiero de maniobra será cada vez más limitado, como ya han señalado dirigentes del FA. La experiencia muestra que los gobiernos reformistas, en el marco de la crisis capitalista, se transforman en los garantes de las contra reformas y el ajuste, como vimos recientemente en Argentina con el Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. Fue justamente esta política de la dirigencia peronista lo que abrió la puerta a Milei.
Para derrotar a la derecha, desde abajo la clase obrera y la juventud debemos organizarnos a fin de construir una alternativa basada en las ideas y programa del socialismo científico, como armas políticas que nos permitan construir una fuerza de lucha genuinamente revolucionaria, levantando las banderas del anticapitalismo y el comunismo.
Es necesario, en esta dirección, vincular las luchas inmediatas de la clase trabajadora uruguaya con una perspectiva de poder, de un Gobierno de Trabajadoras y Trabajadores.
Esta es, junto a las otras batallas políticas centrales de este año, una tarea primordial para la clase obrera en Uruguay. Construyamos una fuerza comunista para luchar por la revolución socialista.